Lujambio y la impertinencia verbal

En el contexto de una conferencia magistral leída en el Tecnológico de Monterrey campus Toluca, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, realizó una defensa improcedente y equívoca de la iniciativa de reforma política presentada al Congreso por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre pasado: el funcionario lamentó que el marco legal vigente no permita la relección consecutiva de legisladores –uno de los puntos de la propuesta calderonista–; afirmó que la aprobación de este mecanismo podría desempeñarse como un sistema de premios y castigosen poder de la ciudadanía, y calificó detonta a la democracia mexicana,porque no aprovecha su capital político, porque no aprovecha su capital humano, porque cada tres años lo desecha.

La declaración que se comenta no es únicamente un ejercicio de incongruencia personal –habida cuenta de que el propio Lujambio llamó hace unos días a los ciudadanos a enorgullecerse de lo mucho que hemos avanzado en el ejercicio de las libertades y de la democracia y a no minar lo que tenemos a partir de ejercicios críticos–, sino que constituye una nueva y deplorable muestra de la incontinencia y de la impertinencia verbales características del grupo gobernante, expresiones, a su vez, de una alarmante impericia política: más allá de su inocultable acento despectivo hacia la institucionalidad, el titular de la SEP se descalifica a sí mismo, en tanto que integrante de un régimen conformado a partir de una democracia tonta.

Por lo demás, el que un secretario de Estado se permita semejante hostilidad al marco legal vigente en el país, y que lo haga, además, con el fin de emprender una defensa facciosa e inadecuada de una iniciativa de reforma –la cual se encuentra sumida en un momento de infortunio ante las expresiones de rechazo total o parcial de que ha sido objeto por las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso–, pone en evidencia un grave desarreglo institucional y político en el grupo en el poder; deja entrever –como ocurrió hace unas semanas, con la defensa de la misma iniciativa realizada por el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván– preocupantes rasgos de autoritarismo por parte de los encargados de la conducción del país, y contraviene, en última instancia, lo expuesto ayer por el propio Lujambio, en el sentido de que la intención de las modificaciones legales referidas es otorgar más poder al ciudadano frente a sus gobernantes y sus representantes.

Ciertamente, hay numerosos elementos de juicio para pensar que México no vive una normalidad democrática plena, pero ello no se debe a la falta de aprovechamiento del capital político y humano de quienes integran la clase política, como sostuvo Lujambio, sino, acaso, a lo contrario: al déficit de atributos y virtudes republicanas que exhibe la alta burocracia en su conjunto, así como a la crisis de representatividad y de confianza que aqueja a la institucionalidad política del país; al empleo faccioso, por parte de quienes detentan el poder, de un andamiaje legal cada vez más distorsionado; a las alianzas tejidas desde el poder público con los poderes fácticos, y a la descomposición moral del grupo gobernante, caracterizada por la rápida adopción, bajo las administraciones panistas, de los estilos y métodos autoritarios y corruptos del viejo priísmo.

Finalmente, las declaraciones formuladas ayer por el titular de la SEP pasan por alto que el país no requiere exclusivamente de reformas legales para el ensanchamiento de su democracia: hace falta, en cambio, voluntad política, decoro institucional y transparencia en el ejercicio gubernamental.