Francisco López Bárcenas
Amenazas a Pedro
Martínez y su familia, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de
Ocotlán, por su participación en la lucha contra la minería en José del
Progreso; agresiones a mano armada contra Celestino Bartolo Terán y
amenazas a su hija Sara Bartolo, en el istmo de Tehuantepec, por su
participación en la lucha contra las empresas eólicas; ejecución
de Félix Martínez Santiago, líder de la Organización de Pueblos
Indígenas Zapotecos (OPIZ), ocurrido este 15 de mayo en la comunidad de
Tierra Blanca, San Vicente Loxicha, todos en el estado de Oaxaca;
amenazas de muerte a la abogada Estela Ángeles Mondragón, por defender
comunidades rarámuris de la invasión de sus tierras por ganaderos, en el
estado de Chihuahua; desaparición de Teodulfo Torres Soriano El Tío
desde el 24 de marzo, en el Distrito Federal; son casos que configuran
parte de la geografía de la represión en este México. No son los únicos,
pero muestran que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una
respuesta sistemática a la resistencia de los pueblos contra el despojo o
la imposición, que se extiende por todo el territorio mexicano.
Las formas de lucha son múltiples. Normalmente se estructuran con una
mezcla de varios métodos, que dependen de su capacidad de organización,
así como de establecer redes que les brinden apoyo. Así, se encuentran
desde las típicas acciones de denuncias públicas, marchas y ocupación de
edificios públicos, pasando por los juicios legales de diversa índole,
hasta la acción directa para defender sus bienes, como ha sucedido en el
municipio de Zautla, en la sierra norte de Puebla; el ejido Benito
Juárez, en Chihuahua, y Teitipac, en Oaxaca; o a fortalecer su identidad
y su relación con el territorio, como los zapotecos de Capulalpan, en
Oaxaca, o los wixarika, en San Luis Potosí. Los resultados también son
diversos. Aunque en todos los casos se trata de resultados parciales, lo
que se ve es que estos dependen de la fuerza de los movilizados más que
de la razón de su causa. Existen casos en los que se ha demostrado lo
justo de su demanda, pero no han prosperado porque no cuentan con la
fuerza suficiente para hacer entender a sus oponentes, o si han obtenido
resultados favorables las resoluciones no se pueden ejecutar por las
mismas razones anteriores.
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