Educación: hipotecar a los egresados

Ayer, en la sede del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, anunció el inicio del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, con participación de seis bancos comerciales y 18 planteles de educación superior privada, además del gobierno federal, por medio de Nacional Financiera (Nafin) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A través de este instrumento se pretende otorgar créditos a estudiantes de licenciatura y posgrado –hasta de 215 mil y 280 mil pesos, respectivamente– a un plazo de 15 años y medio y una tasa de interés fija de 10 por ciento.

Circunstancialmente, el anuncio tuvo como telón de fondo la protesta de estudiantes del ITESM, quienes afuera del recinto donde se realizaba el acto se manifestaron contra la impunidad que prevalece en torno al asesinato a balazos –por integrantes del Ejército– de los jóvenes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, de esa institución, el 18 de marzo de 2010. Aunque Calderón “lamentó” días más tarde las muertes de ambos becarios de excelencia, no ha habido en su administración la voluntad para un esclarecimiento a fondo de los hechos; no sólo de los homicidios, sino de la manipulación de los cuerpos y de los tempranos intentos por presentar a las víctimas como integrantes de la delincuencia organizada.

Más allá de la insensibilidad coyuntural referida, el anuncio del programa de créditos educativos revela hasta qué punto ha llegado el gobierno federal en su empeño por privatizar la enseñanza superior y cuánto es su desdén por las universidades públicas del país. Los establecimientos privados, dijo Calderón, otorgan “educación superior de calidad”, “buenas carreras” y “una sólida formación profesional”; de ellas, las empresas obtendrán “una fuerza laboral mucho mejor capacitada” y “personal altamente calificado”.

Pero el agravio a la enseñanza superior pública no es sólo de palabra, sino también de acción, por cuanto el gobierno federal se muestra más empeñado en promover, publicitar e impulsar –incluso, con recursos del erario– los centros universitarios privados que en mejorar los presupuestos de las universidades públicas.

En efecto: ignorando la concepción de la educación como responsabilidad del Estado y de la sociedad para con todos sus integrantes, la administración calderonista busca multiplicar con este programa la clientela de dos clases de instituciones privadas: las bancarias y las universitarias. Es una forma paradójica de promover “una sociedad más cohesionada, más igualitaria y más solidaria”, cuando se parte de la idea de que la enseñanza superior que ofrecen los establecimientos privados es “mejor” –en inocultable alusión a los públicos– y se limita implícitamente el derecho a la educación a quienes resulten sujetos de crédito.
Curiosamente, Calderón hizo una referencia explícita a Chile, donde, dijo, “los préstamos de este tipo ayudan a democratizar el acceso a la educación superior”, sin reparar en que ese modelo desembocó en un poderoso movimiento estudiantil de protesta que ha marcado la vida política del país austral desde hace nueve meses y que ha colocado al gobierno de Sebastián Piñera en una posición delicada y en caída libre en los índices de popularidad.

Como se ha señalado en aquella nación hermana, la abdicación del Estado a su responsabilidad de garantizar la enseñanza superior universal, gratuita y de calidad, y la imposición del modelo de educación universitaria a crédito, no sólo convierten la actividad universitaria en un ramo comercial más, sino arrojan año con año a millares de egresados que empiezan su vida laboral con una pesada deuda a cuestas, lo que se asemeja mucho a una larga e inaceptable confiscación salarial. Significativamente, uno de los señalamientos de los estudiantes movilizados es su aspiración a disponer de una educación superior gratuita, “como en México”.

Por las razones expuestas, no se debe permitir el desarrollo y la consolidación en el país de esta concepción mercantil de la educación superior. Las comunidades de profesores y estudiantes de las universidades públicas, los sectores de la academia pedagógica y otros ámbitos sociales tendrían que exponer su rechazo a la imposición, desde el poder público, de esta nueva manera de minimizar y desvirtuar la enseñanza superior pública y de impulsar lo que no es sino un negocio bancario y de escuelas privadas que hipotecará el futuro de muchos jóvenes profesionistas.