Beneficia a la IP la política de evaluación de la SEP: expertos

Karina Avilés Periódico La Jornada Lunes 14 de mayo de 2012, p. 38 La política de evaluación desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón –bajo el mismo concepto de libre mercado educativo– ha tenido un claro ganador que no son ni alumnos ni educadores, sino la iniciativa privada, que ha hecho de este esquema un millonario negocio. Así lo ponen de relieve investigadores del tema en la víspera del Día del Maestro, cuando se encuentra entrampada la negociación entre el gobierno panista y la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo. Bajo el trillado lema de que evaluar es sinónimo de calidad, esta práctica educativa ha creado todo un aparato conformado por despachos, consultorías, certificadores, examinadores, bufetes, universidades privadas, asociaciones civiles y organismos internacionales que venden asesorías, capacitación, recomendaciones, cursos, diplomados, posgrados, guías, proyectos, libros y hasta exámenes para convertirse en licenciado sin haber tomado una sola clase. Pero más allá de los intereses económicos, los especialistas advierten algo más grave: la injerencia del prominente empresariado mexicano en la política de educación pública –tarea reservada al Estado–, lo cual también es parte de un “proyecto ideológico” orientado a servir mejor a este sector. Lucía Rivera Ferreiro, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), experta en actualización de docentes, sostiene que el esquema de evaluación estandarizada ha generado la incorporación de nuevos actores y entidades empresariales al sistema educativo que “se presentan como organizaciones no gubernamentales con supuestos fines caritativos, pero que despiertan sospecha por su enfático interés en que se aplique la prueba”. Esto, añade, bajo el amparo de las reformas aprobadas en octubre de 2011 a la Ley General de Educación (LGE), mediante las cual se introdujo la obligatoriedad de la evaluación y la participación de la sociedad civil en el proceso. El problema, alerta, es que el sector privado se ha disfrazado de sociedad civil. Uno de los organismos más beneficiados de lo que el investigador emérito de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, llama el “Estado evaluador” es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Desde 1994 hasta la fecha, el Ceneval ha generado cuantiosas ganancias por la aplicación de más de 27 millones de exámenes. Uno de los reportes financieros que hizo públicos, y que corresponde a 2003, señala que sus ingresos por concepto de pruebas ascendieron a 179 millones 947 mil 420 pesos. De contar con unos cuantos exámenes en sus inicios, hoy en día hay toda clase de cuestionarios. Un ejemplo es el Examen Nacional de Ingreso (Exani) 1 (para bachillerato), Exani 2 (para superior), Exani 3 (para posgrado) e incluso hay un Pre-Exani 1 y un Pre-Exani 2. Los costos por cada prueba oscilan entre 150 y 34 mil 800 pesos, éste último para interesados en acreditar una licenciatura. Sin embargo, ofrece otros servicios cuyo costo es de mil 932 pesos por una hora de asesoría, y un taller tiene un precio de 47 mil pesos, con IVA incluido y precios “sujetos a cambio sin previo aviso”, según su catálogo 2012. Si un cliente quiere obtener la licenciatura en ciencias de la computación la respuesta está en el Acrel-Compu, cuya primera etapa vale mil 650 pesos y la segunda 16 mil 870; pero si se trata de la carrera de veterinaria el alumno pagará mil 650 por la primera etapa 16 mil 870 por la segunda y otra cantidad igual por la tercera fase. En nuestros días todo y todos son examinados. Un niño de sexto de primaria, puntualiza Díaz Barriga, puede presentar más de cinco pruebas en un ciclo escolar: La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (Excale), el Instrumento Diagnóstico para alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria (Idanis), el examen estatal y el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serece). Esto, además de las que aplica el docente en el año. El también miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue) subraya que examen no es evaluación, y en México se confunden puntajes con interpretación. En dos décadas, indica, los maestros han presentado cada año la prueba de carrera magisterial y el Ceneval lleva más de 10 años aplicando ésta a alumnos de séptimo semestre de las normales, sin que se haya beneficiado en algo la educación. De hecho, sentencia, “el examen docente va a la basura en estricto sentido”. El problema, añade, es que el Estado mexicano no tiene un proyecto para maestros. Lo que existe es “una burocracia entre estatal y privada, con la que se piensa absurdamente que con exámenes –que quien sabe cómo se han hecho– se resolverán los problemas de calidad”. En 2006, 9 millones 529 mil 490 niños de educación básica se sometieron a Enlace y en la recta final de la gestión calderonista, en 2011, la cifra llega a 14 millones 64 mil 814 alumnos, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La profesora-investigadora de la UPN, Tatiana Coll Lebedeff, reporta en el artículo Certificación, estandarización y norma: el trinomio del fraude en el país de la educación subrogada, contenido en el libro El secuestro de la educación. El sexenio educativo de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, que el gobierno ha gastado más de mil millones de pesos de 2006 a 2010 en Enlace-básica. Pese al enorme costo, los resultados de la evaluación –que incluye datos de 2007 a 2010– confirman que los estudiantes mantienen deficiente preparación, pues cada año más de 60 por ciento de alumnos de primaria y secundaria se han ubicado en niveles insuficiente y elemental, los más bajos del rendimiento académico. En plática con este diario, Coll Lebedeff sostiene que en esto se ha creado una “burocracia oficial con una enorme canalización de recursos y un conjunto de empresas privadas que venden sus servicios”. Tan sólo la formación y capacitación de maestros y evaluaciones como Enlace o de organismos internacionales, como el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés), de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos, han generado la creación de cientos de cursos que ofrecen instituciones de paga. La Universidad Virtual del Tec de Monterrey da desde diplomados en “desarrollo en el aprendizaje significativo de matemáticas, mediante el enfoque de PISA y Enlace para secundaria”, con costo de 5 mil pesos más IVA, hasta cursos cortos de mil 200 pesos más IVA y maestrías con valor de más de 60 mil pesos semestrales o doctorados de más de 130 mil pesos por seis meses. Así, a más de dos décadas de la denominada “evaluación” en México y en un contexto de disputa entre la maestra y la SEP por la aplicación de la prueba universal, los expertos coinciden en que el modelo ha servido a varios propósitos –los más evidentes el económico y el político–, pero menos para mejorar la enseñanza. Los principales perdedores son alumnos y docentes, pues esta política “ha pervertido” el sentido de la enseñanza y ha gestado una cultura de simulación y corrupción, para imponer una educación mecánica y muy pobre, lamenta Coll.