LA LÁPIDA

Luis Javier Garrido

La magnitud del escándalo abierto tras la destrucción del casino Royale de Monterrey está poniendo al país, en el contexto de la crisis económica que se ahonda y las elecciones de 2012, ante la necesidad de exigir que Felipe Calderón se retire del cargo que ocupa para responder, con varios de sus colaboradores, ante la justicia.

1. La destrucción del casino Royale de Monterrey el 25 de agosto está siendo la lápida del deplorable gobierno de facto de Felipe Calderón, quien buscó deliberadamente con su “guerra contra el narco” obtener el pleno apoyo de Washington tras el fraude a cambio de entregarle los recursos estratégicos de la nación y el control del país, y a la vez enquistarse en el poder para consolidar los intereses económicos de su grupo al afianzar sus lazos con “el crimen organizado”, todo lo cual ahora está desmoronándosele.

2. La repulsión de la sociedad mexicana al gobierno calderonista por su violencia, corrupción e ineptitud no deja de extenderse, pero los únicos que no parecen darse cuenta del malestar nacional son los operadores de Los Pinos, que con profundo desprecio al pueblo creen que pueden seguir manejando al país con los medios, y se hallan inmersos en una campaña de desinformación según la cual el desastroso gobierno actual ha hecho más que todos los gobiernos del pasado en su conjunto, y así emiten puerilmente cifras mentirosas que creen que alguien les va a creer, sobre todo cuando nuevas informaciones evidencian los vínculos de Calderón y de sus amigos con organizaciones delictivas.

3. La corrupción del panismo calderonista es tan desmedida que ha logrado debilitar hasta sus cimientos al PAN, señalaba Manuel Espino, su ex presidente nacional, el 31 de agosto en el programa de Carmen Aristegui en MVS. Desde que en 2004 Calderón iniciara sus actividades ilícitas en Pemex siendo el titular de Energía de Fox, se vinculara a intereses trasnacionales, y poco después se empeñara en aprobar la ley Televisa, que era un nuevo atraco a la nación, ya estando en Los Pinos estas actividades no han cesado. La familia de Juan Camilo Mouriño, su brazo derecho, recibió 128 contratos ilegales en Pemex (pretendiendo que no eran éticos pero sí “legales”), y los dos más cercanos colaboradores de Calderón, a quienes éste puso al frente del partido, cometieron también presuntos delitos: primero Germán Martínez no dio cuentas de 500 millones de pesos tras la derrota de 2009, y su remplazante César Nava se retiró del cargo ignorando múltiples escándalos como el del departamento supermillonario, recordó Espino, en tanto que Jorge Manzanera, operador electoral de Los Pinos, defraudó millones de pesos de los recursos públicos del partido, sin enumerar otros muchos casos de corrupción.

4. El negocio de los casinos fue entendido por el grupo de Calderón como la clave para consolidarse en el poder, buscando independizarse del grupo salinista que lo llevó a encumbrarse en 2006. El casinero William Andrew Graven acusó el 17 de noviembre de 2008 a su ex socio Juan José Rojas Cardona, quien es señalado hoy como el principal zar de los casinos en México, de haber entregado “dinero ilícito”, proveniente del crimen organizado, a la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006, recordando que fue gracias a los permisos que le concedió primero el gobierno de Fox, y luego el de Calderón, que Rojas Cardona logró tener 16 empresas operadoras de casinos en México (Proceso, 1818).

5. Los dos gobiernos panistas, lo mismo el de Fox que el de Calderón, se empeñaron en hacer de los casinos, que legalizaron de hecho pero no de derecho, un negocio partidista y personal. Luego de que Santiago Creel entregó a Televisa 65 permisos para que lo respaldara en 2006, Francisco Ramírez Acuña, titular de Bucareli de 2006 a 2008 y ahora flamante líder de los diputados del PAN, nombró a Roberto Correa como director adjunto de Juegos y Sorteos, y éste concedió 41 permisos a Atracciones y Emociones Vallarta (incluyendo varios en Nuevo León), y muchos más a El Palacio de los Números, a Administradora Mexicana de Hipódromos y hasta a los españoles del Grupo Codere, protegido del PP de Rajoy y Aznar, donde hay mesas de cartas, dados y apuesta directa, expresamente prohibidos por la ley. De los supuestos ocho zares que controlarían el juego en México, la mayoría representaba ya así a mediados del sexenio los intereses de grupos del PAN vinculados a Calderón, entre ellos los de la familia Madero, que al parecer le ha entrado al queso con fruición (El Universal, 8/9/11).
6. El escándalo político consecuencia del ataque al casino Royale no ha logrado ser acallado por sus dimensiones por Los Pinos. Nuevos videos dados a conocer por Reforma han incriminado ya no sólo a Jonás Larrazabal, el “hermano incómodo”, sino al propio edil regiomontano, Fernando Larrazabal o Larry, como se le conoce en el bajo mundo, pues muestran a funcionarios suyos recibiendo dinero de los dueños de las casas de apuestas, lo que es más grave porque se ha hecho público que Larrazabal, junto con Zeferino Salgado (delegado de la SCT en Nuevo León) y Raúl Gracia (consejero de la Judicatura Federal) fueron designados por Calderón para operar la campaña presidencial de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda (Proceso, 1818).

7. En 1993, Salinas generó un gran escándalo al reunir en casa de Antonio Ortiz Mena a los 30 principales empresarios del país, para solicitarle a cada uno 30 millones de pesos para el PRI a fin de financiar la campaña presidencial oficial del año siguiente: el ya legendario “pase de charola”, que entre otros fue censurado por Acción Nacional, que ahora hace lo mismo pero con grandes capos del crimen organizado. De acuerdo con otra información, a principios de año Calderón convocó a los integrantes de la llamada “Santísima Trinidad” regiomontana, para solicitarles que no escatimen esfuerzos para recaudar con ese esquema fondos para el blanquiazul, y por sus grandes simpatías por Calderón, el zar de los casinos ya está trabajando para que “todos los propietarios de casas de apuestas” hagan una colecta de 300 millones de dólares “para apoyar” al próximo candidato presidencial del PAN (Proceso, 1818).

8. La intolerancia de Calderón ante la exigencia de que se cambien las políticas del Estado frente al narco obedece por lo mismo a su interés político de proseguir la entrega del país a Washington, pero también a sus intereses económicos; de ahí la burla que constituyera su “diálogo” con el grupo de Javier Sicilia y ahora su desfachatada actitud ante la demanda de la UNAM, expresada por su rector en el sentido de que se respete el orden constitucional y deje de utilizarse a las fuerzas armadas en la investigación y persecución de los delitos.

9. ¿A quién puede sorprenderle en ese contexto que Calderón rechazara también la advertencia del Consejo de la Judicatura Federal de que no arroje acusaciones por su fracaso a otras instancias, como el Poder Judicial, al que busca endilgarle la responsabilidad por su fracaso?